La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de apoyo para abogados y otros profesionales del derecho. Su capacidad para resumir documentos, organizar argumentos y ayudar en la redacción de textos puede facilitar el trabajo jurídico.
Sin embargo, su utilización también plantea riesgos, especialmente cuando la información generada se incorpora a una demanda, recurso o memorial sin comprobar su exactitud, pertinencia y veracidad o cuando se delega en la inteligencia artificial actuaciones relevantes de los abogados y jueces dentro de un proceso judicial.
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En un auto del 26 de mayo de 2026, la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Adriana Polidura Castillo, examinó las consecuencias de presentar un recurso extraordinario sustentado en providencias que no correspondían a decisiones judiciales reales.
La providencia, identificada con el radicado 11001-03-26-000-2026-00056-00 (74200), constituye un llamado de atención sobre el uso responsable de estas tecnologías y el deber de los abogados de verificar las fuentes jurídicas que citan en sus actuaciones.
¿Qué criterios deben tenerse en cuenta al utilizar inteligencia artificial para redactar documentos procesales? ¿Puede un abogado ser responsable por las citas falsas generadas por una herramienta? ¿Qué consecuencias puede tener presentar jurisprudencia inexistente ante un juez?
El asunto tuvo origen en un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro de un proceso de reparación directa.
Para sustentar el recurso, los recurrentes citaron cuatro providencias que supuestamente contenían reglas jurisprudenciales aplicables al caso. Las referencias incluían datos como números de radicación, fechas, magistrados ponentes y argumentos jurídicos generales.
Sin embargo, al verificar la información en los sistemas de consulta y las bases de datos de la Relatoría del Consejo de Estado, el despacho encontró que las decisiones invocadas no correspondían a providencias reales con las características y el contenido que se les atribuían.
La dificultad no era únicamente formal. El recurso extraordinario de unificación exige confrontar la sentencia cuestionada con una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Si los precedentes invocados no existen, no es posible realizar esa comparación en los términos exigidos por la ley.
Por esa razón, el despacho rechazó el recurso. Además, se dispuso remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que evaluara si había lugar a una actuación disciplinaria.
El caso demuestra que una cita jurídicamente convincente en su apariencia no necesariamente corresponde a una fuente auténtica. En el ámbito judicial, la existencia y el contenido de las normas y los precedentes deben comprobarse, con el fin de cumplir los deberes de diligencia, buena fe y lealtad procesal que tienen los abogados.
El criterio que se desprende de la providencia no es una prohibición general del uso de IA para redactar documentos judiciales. La cuestión central es cómo se utiliza la herramienta y qué controles ejerce el profesional sobre el resultado.
La inteligencia artificial puede apoyar tareas como organizar información, elaborar esquemas generales, resumir documentos extensos y facilitar la búsqueda y clasificación de información. Sin embargo, estas funciones no convierten a la herramienta en una fuente jurídica autónoma ni garantizan que sus respuestas sean correctas.
Los modelos generativos pueden producir textos que aparentan coherencia y se ven técnicamente sólidos, pero que contienen errores, referencias inventadas o interpretaciones que no corresponden al derecho vigente.
A lo anterior, se le suman los riesgos propios del uso indiscriminado de la inteligencia artificial dentro del ejercicio de la profesión, lo cual puede afectar derechos fundamentales, especialmente respecto de grupos en condición de vulnerabilidad. Dichos riesgos, según el Consejo de Estado, son:
La discriminación y tergiversación de la información
La falta de transparencia o interpretabilidad
Las dinámicas de interacción humano-máquina (delegar en la máquina decisiones o actuaciones relevantes)
La vulneración en la privacidad y la seguridad de los datos
Por ello, el uso de IA no elimina la obligación del abogado de estudiar el caso, comprobar la información, realizar el análisis argumentativo y asumir la responsabilidad por el documento que presenta. Tampoco reemplaza la función del juez y su función indelegable de decidir, valorar pruebas, interpretar el ordenamiento jurídico y proferir una sentencia.
Uno de los principales criterios que se desprenden del auto es que el abogado debe verificar las normas, pruebas y precedentes judiciales antes de incorporarlos a un escrito procesal.
No basta con que una herramienta proporcione una cita con aparente precisión, que una regla parezca razonable o que un argumento parezca sólido. Es necesario comprobar, como mínimo:
Adicionalmente, el Consejo de Estado señaló el deber que tienen los abogados de permanecer actualizados, no solo en sus conocimientos profesionales, sino también en el uso de la inteligencia artificial, especialmente en lo que se refiere a buenas prácticas que garanticen la privacidad, confidencialidad y el buen manejo de la información de sus clientes y participes del proceso.
Este deber implica que los abogados se abstengan de introducir información sensible de sus clientes o de las otras partes involucradas dentro del proceso en sistemas de inteligencia artificial, cuyo almacenamiento y tratamiento no puede ser controlado.
La infracción a este último deber conlleva la violación directa a la ley disciplinaria.
Todo lo anterior debe ser interpretado a la luz de las obligaciones que por ley tienen los abogados para el ejercicio de su profesión y que se encuentran contenidas dentro del artículo 74 de la Constitución Política, el artículo 78 del Código General del Proceso y el artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007).
La responsabilidad por el contenido de un escrito judicial no se traslada a la herramienta tecnológica. El abogado que suscribe y presenta una demanda o recurso debe revisar su contenido y responder por el cumplimiento de sus deberes profesionales. No resulta suficiente explicar que una cita incorrecta fue generada por un sistema de inteligencia artificial.
Este deber se relaciona con las obligaciones de lealtad, buena fe, diligencia transparencia y providad que orientan la actuación de los abogados, así como el deber de obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas.
Esto no significa que cualquier error de digitación o cita equivocada constituya automáticamente una falta disciplinaria o una conducta temeraria. Las consecuencias dependen de las circunstancias concretas, la naturaleza del error, la conducta del profesional y la valoración de la autoridad competente.
Por otro lado, es importante señalar que si es completamente legítimo y no constituye una falta a los deberes del abogado argumentar en contra del alcance de una sentencia, proponer tesis diversas o nuevas líneas interpretativas, lo cual hace parte del ejercicio del derecho.
El uso de IA, por sí solo, no constituye una causal general de rechazo de demandas o recursos. Sin embargo, una actuación que incumpla los requisitos legales de procedencia puede ser rechazada, y la inclusión de información falsa o de fuentes inexistentes puede tener consecuencias dependiendo del tipo de proceso y de las circunstancias del caso.
En el auto del 26 de mayo de 2026, el Consejo de Estado rechazó el recurso extraordinario porque no se sustentaba en precedentes reales que permitieran la confrontación jurisprudencial requerida. La remisión de copias a la autoridad disciplinaria abrió la posibilidad de que se examinara la conducta profesional, sin que ello equivalga por sí mismo a una sanción disciplinaria definitiva.
Por tanto, es necesario distinguir entre tres cuestiones:
Cada una tiene sus propios presupuestos y no se produce automáticamente por el solo hecho de haber utilizado inteligencia artificial.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para apoyar la redacción de demandas, recursos y otros documentos procesales. No obstante, su uso exige cautela, verificación y supervisión profesional.
El auto del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2026 reitera la importancia de comprobar las fuentes jurídicas y asumir responsabilidad por el contenido de los escritos presentados ante los jueces.
La regla práctica es sencilla: la IA puede ayudar a redactar, pero no debe reemplazar el criterio ni el razonamiento jurídico del abogado ni del juez. Tampoco los exonera del deber de verificar cada norma y cada precedente que se presenta ante la justicia, así como del cumplimiento de las demás obligaciones que les impone la ley en el ejercicio de su profesión.
Utilizar estas herramientas de manera responsable permite aprovechar sus beneficios sin comprometer la calidad de la argumentación, la confianza en la administración de justicia ni los derechos de quienes intervienen en un proceso.
Recuerda que el presente artículo contiene temas de carácter general y no constituye asesoría legal. Si requieres mayor orientación para resolver una situación jurídica en materia de derecho procesal y necesitas un abogado experto en el asunto, aquí podemos conectarte con profesionales del derecho confiables, con gran experiencia y bajo tarifas justas. Contáctanos a través de nuestro formulario virtual.