De acuerdo al tipo de empresa y ocupación de una persona, están o no obligadas a llevar registros contables. La contabilidad es una de las obligaciones de los comerciantes y de este proceso resulta lo que se conoce como estados financieros, importantes, por ejemplo, en los casos en que una empresa desea llevar acabo negocios con otra y se infiere que es valioso conocer en qué estado se encuentra financiera y económicamente. En este artículo de MisAbogados.com.co te contamos sobre qué son estos estados y de qué forma se utilizan en fraudes financieros. Aunque si tienes más dudas, completa el formulario de nuestra página web y te contactaremos a la brevedad.
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Los estados financieros pueden definirse como aquellos registros formales que se realizan de todas las actividades financieras de una persona, una empresa o una entidad.
Es aquella modificación o alteración de los estados financieros, realizada por el contador encargado, con la intención de mostrar una situación diferente a la realidad respecto de la situación económica de la empresa.
Se presenta especialmente en los casos en los que la empresa necesita demostrar solvencia económica a la hora de solicitar algún tipo de crédito o realizar algún tipo de negocio.
Un estado financiero es considerado un documento privado, razón por la cual, al falsificarlo o alterarlo, se incurre en un delito contemplado en el Código Penal colombiano bajo el nombre de Falsificación de documento privado; especialmente la falsedad ideológica.
En estos casos, las personas encargadas en elaborar los diferentes estados financieros son los contadores. Por esta razón es a éstos a quienes puede denunciarse por el delito de falsedad ideológica en documento privado.
Según el Código de comercio: “Los administradores, contadores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances (o estados financieros), incurrirá en las sanciones contenidas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados.
Para este delito, el Código Penal contempla una pena de entre uno (1) a seis (6) años de prisión.
Además debe responder por los daños que haya podido ocasionar con la falsedad de los estados financieros.
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