¿Qué es el debido proceso?

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Para constituir un verdadero Estado Social y democrático de Derecho, es necesario generar garantías que se enmarquen dentro del espectro legal para todos los ciudadanos. Dentro de esas garantías se encuentra el debido proceso como un pilar inamovible sobre el que descansa todo el sistema jurídico, que soporta la convicción en las instituciones y en el Estado.  En este artículo hablaremos de él.
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¿Qué es el debido proceso?

El debido proceso es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
También está consagrado en instrumentos internacionales ratificados por Colombia como la Declaración Universal de Derechos Humanos,  la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos.

¿Qué compone el debido proceso en materia judicial? 

El debido proceso dentro del ámbito judicial tiene a su vez unos principios como son:

  1. El principio de legalidad: puesto que una persona solo podrá ser juzgada por leyes que existan al momento de haber cometido el hecho punible.
  2. El principio del Juez natural: Donde solamente un juez que tenga jurisdicción y competencia podrá conocer del caso y dar un fallo y siempre teniendo en cuenta todas las formas establecidas por la ley en cada proceso.
  3. El principio de favorabilidad: Donde en materia penal, una persona podrá acceder a beneficios que otorgue una ley posterior a su condena, más nunca podrá recibir un castigo mayor por una ley posterior.
  4. La presunción de inocencia: Donde se guarda la honra y el buen nombre de las personas durante las actuaciones judiciales, pues hasta que no haya una sentencia condenatoria, se presumirá inocente.
  5. El derecho de defensa: Todas las personas, sin restricción alguna, tiene derecho a defenderse en un proceso, por un abogado escogido por él, o por un abogado de oficio, si no puede pagarlo. Dentro del proceso también podrá controvertir y aportar pruebas, apelar e interponer recursos.
  6. Non bis in ídem: Cosa juzgada, es decir, nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

¿Qué es el debido proceso en materia administrativa?

En materia administrativa, ha dicho la Corte Constitucional que: “el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico”, es decir, está estrechamente vinculado con la legalidad a la que deben estar sometidas las actuaciones administrativas, lo cual fundamenta la confianza en las instituciones del Estado.
También tiene un componente de defensa y contradicción, ya sea en las etapas netamente administrativas o en los tribunales de lo contencioso administrativo.

¿Puedo interponer una tutela por mi derecho al debido proceso? 

Claro que sí. Es un derecho fundamental de aplicación inmediata y ha dicho la Corte Constitucional: “El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales.”

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Palabras clave: Derecho Penal, Derecho y asesoría legal

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