Es cierto que una de las obligaciones del Estado es perseguir a quienes presuntamente han sido autores de una conducta delictiva. Sin embargo, existen una serie de derechos y garantías que revisten a quien está siendo perseguido por la justicia; es el caso del derecho a la defensa.
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Es un derecho fundamental con el que cuenta toda persona para defenderse ante cualquier ente de justicia de los cargos que le sean imputados. Hace parte de lo que se conoce como el debido proceso.
Es la protección con la que cuenta una persona frente a las diferentes actuaciones de las autoridades públicas. Su objetivo es procurar que se respete al máximo todos los procedimientos y formas establecidas legalmente en el transcurso de una investigación y juicio.
Frente a cualquier tipo de actuación del Estado cuando la persona se encuentre en un proceso. No tiene ningún tipo de límite temporal. Debe estar presente desde el inicio de la investigación, de lo contrario podrá declararse nula cualquier actuación.
El derecho a la defensa busca prevenir cualquier tipo de arbitrariedad de las autoridades estatales y evitar que existan condenas injustas; intentando acercarse a la verdad, garantizando una activa participación no sólo de las víctimas sino también de los presuntos responsables.
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