La acción popular es un mecanismo legal que permite proteger derechos e intereses colectivos vulnerados o amenazados. En una sociedad democrática, este tipo de herramientas se convierte en un pilar fundamental para garantizar la protección del medio ambiente, el patrimonio público, la moral administrativa, derechos de consumidores y usuarios, entre otros bienes jurídicos colectivos. En este blog te explicamos cómo funciona esta acción, quién puede interponerla y qué puedes lograr a través de ella.
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¿Qué son los derechos e intereses colectivos?
El artículo 88 de la Constitución Política de Colombia establece que el ordenamiento jurídico protegerá ciertos derechos e intereses colectivos a través de acciones populares. Estos no pertenecen a una persona en particular, sino que son comunes a una comunidad o grupo social.
Algunos ejemplos de derechos colectivos protegidos son:
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El goce de un medio ambiente sano.
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El acceso a servicios públicos y su prestación eficiente.
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La defensa del patrimonio público.
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La moralidad administrativa.
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El uso del espacio público y la seguridad y salubridad públicas.
- La libre competencia económica.
¿Qué es una acción popular según la ley?
Este mecanismo judicial tiene como finalidad prevenir o hacer cesar una amenaza o vulneración a derechos colectivos, sin que se requiera demostrar un interés particular o individual y procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que se encuentren violando o amenazando estos derechos.
¿Cuál es la diferencia de la acción popular con la acción de grupo?
Existe una diferencia fundamental con la acción de grupo, pues esta última es de carácter indemnizatoria y busca reparar a cada una de las personas que sufrieron un daño o perjuicio por un mismo hecho común. Por otro lado, la acción popular busca prevenir o detener una amenza o vulneración a los derechos colectivos, con el fin de volver las cosas a su estado anterior, en la medida en que sea posible.
¿Quiénes pueden interponer una acción popular?
Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, puede presentar una acción popular representando como mínimo a un grupo de 20 personas y sin necesidad de que exista una afectación directa. Este rasgo la convierte en una herramienta de empoderamiento ciudadano para proteger el interés general. Además, también pueden interponerla:
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Las organizaciones no gubernamentales.
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Las entidades públicas que cumplen funciones de control y vigilancia o que protegen y defienden los derechos e intereses colectivos.
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Los servidores públicos, especialmente el Ministerio Público (Procuraduría, personeros municipales, defensores del pueblo y los alcaldes)
A diferencia de la acción de grupo, la acción popular no requiere la intermediación de un abogado.
¿Contra quién se puede presentar una acción popular?
Puede dirigirse contra autoridades públicas, particulares que ejercen funciones públicas y personas naturales o jurídicas de derecho privado, siempre que su conducta esté generando o permitiendo la vulneración de derechos colectivos.
¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento es el siguiente:
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Presentación de la demanda: Debe presentarse por escrito y se interpone ante la jurisdicción administrativa (juez o tribunal, según el caso), siempre que se interponga en contra de una entidad o funcionario público. Por el contrario, si la demanda se presenta contra un particular, debe interponerse ante la jurisdicción ordinaria (juez civil).
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Admisión: El juez evalúa los requisitos formales y sustanciales de la acción.
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Decretos de pruebas y medidas cautelares: El juez puede ordenar pruebas o medidas para proteger o detener la amenaza de los derechos colectivos vulnerados desde el inicio del proceso.
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Sentencia: El juez puede ordenar la cesación del daño, la realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior, la reparación o la adopción de medidas necesarias para restablecer el derecho colectivo vulnerado.
¿Qué beneficios tiene presentar una acción popular?
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Protege los derechos colectivos incluso antes de que se concrete el daño.
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No tiene costo alguno para el demandante.
- En la medida de lo posible, busca devolver las cosas a su estado anterior.
Conclusión
La acción popular es una herramienta esencial para la defensa del interés colectivo. Le permite al ciudadano cumplir una función preventiva, correctiva y de control frente a actuaciones administrativas o privadas que afectan a la colectividad. Si identificas una situación que vulnera estos intereses, esta acción puede ser el camino jurídico más adecuado.
Recuerda que el presente artículo contiene temas de carácter general y no constituye asesoría legal. Si requieres mayor orientación para resolver una situación jurídica de tipo administrativo y necesitas un abogado experto en el asunto, aquí podemos conectarte con profesionales del derecho confiables, con gran experiencia y bajo tarifas justas. Contáctanos a través de nuestro formulario virtual.
