En las sociedades, es normal que las personas sientan inconformidades respecto a las decisiones tomadas por las autoridades públicas, generando la necesidad de los individuos y de los gremios afectados de pronunciarse y manifestarse. En este sentido, es importante señalar que Colombia, como estado social de derecho, garantiza en su Constitución Política, la libertad para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. No obstante, bajo ciertos limites que permiten mantener el orden y la seguridad de las personas.
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¿Cuál es el fundamento legal para adelantar una protesta o manifestación social?
Colombia, como estado social de derecho, garantiza y protege el derecho de los ciudadanos a desarrollar reuniones y manifestaciones públicas y pacíficas, lo cual se encuentra estipulado en el artículo 37 de la Constitución Política (C.P.). Este derecho es, a su vez, el desarrollo de otros derechos fundamentales como el de la libre expresión (art. 20 C.P.), el de asociación (art. 38 C.P.) y el de libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.).
En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C-742 de 2012, expresó que "[...] la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades."
¿Cuál es el procedimiento si quiero organizar una manifestación?
Lo primero a tener en cuenta a la hora de organizar una protesta o manifestación, es avisar a la alcaldía del lugar donde se desarrollará la movilización, indicando la fecha, hora y recorrido previsto. Esta notificación debe ir acompañada de los canales de contacto de los organizadores.
Lo anterior, no es una solicitud de autorización, de modo que no puede ser restringido o negado; sino una notificación para que las autoridades administrativas y de policía puedan acompañar la jornada, garantizando el orden local y tomando medidas de control, de llegar a ser necesario.
Ahora bien, este aviso no es obligatorio, puesto que pueden surgir manifestaciones espontáneas de manera legítima. No obstante, es la mejor alternativa para impedir perturbaciones al orden público que puedan poner en riesgo o amenaza la vida e integridad física de los manifestantes, así como los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, como por ejemplo el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo, la salud pública y la seguridad alimentaria.
¿Aspectos legales a tener en cuenta a la hora de realizar una manifestación o protesta social?
- Uso de la fuerza: Las autoridades deben usar la fuerza de manera proporcional y solo cuando sea estrictamente necesario, es decir, como último recurso. Así mismo, los miembros de la fuerza pública que acompañan una protesta deben poder ser plenamente identificados, encontrarse a una distancia prudencial y evitar intervenciones arbitrarias y excesivas.
- Responsabilidad de los organizadores: Los organizadores son responsables de garantizar que la manifestación se desarrolle de manera pacífica.
- Sanciones: El uso de la violencia o la perturbación de los servicios esenciales como el transporte, pueden constituir actos ilegales tipificados como delitos en el Código Penal colombiano.
- Garantes: en una movilización social pueden participar otros garantes de los derechos humanos de los manifestantes y de la ciudadanía como por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, las personerías o la Procuraduría General de la Nación, gestores de convivencia y otros organismos internacionales. Estos garantes además, pueden cumplir un papel de mediadores entre autoridades y manifestantes, cuando han sido previamente convocados.
¿Qué se puede hacer frente al abuso de la fuerza pública?
- Documentar la situación preferiblemente en video
- Acudir inmediatamente ante el Ministerio Público por medio de la Defensoría del Pueblo, en caso de detención o presentar una queja por la vulneración de los derechos humanos.
- Realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para la investigación y sanción de los funcionarios públicos que hayan incurrido en la conducta.
Recuerda que el presente artículo contiene temas de carácter general y no constituye asesoría legal. Si requieres mayor orientación para resolver una situación jurídica en materia de derecho público, administrativo o derechos humanos y necesitas un abogado experto en el asunto, aquí podemos conectarte con profesionales del derecho confiables, con gran experiencia y bajo tarifas justas. Contáctanos a través de nuestro formulario virtual.
